La visita del candidato presidencial Iván Cepeda a Ibagué fue confirmada por integrantes de su campaña, quienes anunciaron que el dirigente desarrollará actividades políticas en la capital del Tolima como parte de su recorrido por distintas regiones del país.

Según la información conocida, la agenda contempla encuentros con simpatizantes y sectores políticos que respaldan su aspiración presidencial. La presencia del candidato busca fortalecer el trabajo electoral de su movimiento en el departamento y consolidar apoyos de cara a la próxima jornada electoral.

La visita se da luego de varios ajustes en la programación de actividades previstas en el Tolima durante los últimos meses. En diferentes momentos se contemplaron eventos en municipios del sur del departamento, aunque finalmente se ratificó la realización de actos políticos en Ibagué.

Dirigentes y líderes que acompañan la campaña han señalado que la capital tolimense será uno de los escenarios clave para presentar mensajes dirigidos a la ciudadanía y fortalecer la presencia del proyecto político en la región. Asimismo, se espera la participación de distintos sectores que han expresado respaldo a la candidatura.

Con esta visita, la campaña presidencial de Cepeda continúa su estrategia de acercamiento a los votantes en el Tolima, uno de los departamentos donde las distintas campañas han intensificado sus actividades durante el actual proceso electoral.

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La Administración Municipal de Ibagué informó que desde este viernes las campañas presidenciales deberán retirar toda la publicidad política instalada en la ciudad, en cumplimiento de las disposiciones electorales que establecen restricciones durante los días previos a las elecciones.

De acuerdo con la Dirección de Espacio Público, la medida aplica para vallas, pendones, pasacalles y demás elementos publicitarios autorizados previamente. Las autoridades señalaron que la propaganda no podrá permanecer visible en espacios públicos ni privados durante las 48 horas anteriores a la apertura de las urnas.

La directora de Espacio Público, Martha Echeverry, explicó que desde la expedición del decreto electoral se adelantaron controles y operativos para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con publicidad política. Además, indicó que ya se han retirado más de 200 elementos instalados en lugares no permitidos o sin autorización.

Las autoridades locales también advirtieron que, en caso de que las campañas no desmonten el material dentro del plazo establecido, el Municipio podrá realizar el retiro con apoyo de cuadrillas y organismos de control. Según la Administración, estas acciones buscan evitar afectaciones al espacio público y garantizar el cumplimiento de la normatividad electoral durante los días previos a las votaciones.

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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a gobernadores, alcaldes y demás autoridades locales para que adopten acciones preventivas que permitan garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para 2026. El organismo enfatizó la necesidad de proteger las condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral.

La entidad señaló que los mandatarios territoriales tienen la responsabilidad de fortalecer los planes de contingencia y gestión del riesgo en sus respectivas jurisdicciones, especialmente en zonas donde puedan presentarse afectaciones por fenómenos naturales, problemas logísticos o alteraciones del orden público.

Según indicó el Ministerio Público, estas medidas buscan proteger el derecho al voto y asegurar que los ciudadanos puedan participar en los comicios sin contratiempos. Además, recordó que las administraciones locales deben mantener coordinación con las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y la organización electoral.

La Procuraduría también reiteró la importancia de actuar con anticipación frente a posibles riesgos que puedan afectar el proceso democrático. El ente de control explicó que continuará realizando seguimiento preventivo a las acciones adoptadas por las autoridades territoriales en el país.

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Desde el Congreso de la República surgió un nuevo llamado al Gobierno Nacional para avanzar en la reglamentación de la ley que regula el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia. La solicitud se enfoca en acelerar la aplicación de las medidas contempladas para prevenir el consumo de estos dispositivos, especialmente entre menores de edad.

La congresista Norma Hurtado expresó preocupación por el aumento de usuarios de cigarrillos electrónicos y señaló la necesidad de establecer reglas claras frente a los sabores y aditivos que hacen más atractivos estos productos para jóvenes y niños. Según indicó, la ley ya fue aprobada, pero aún requiere reglamentación para que pueda ponerse en marcha plenamente.

La congresista afirmó que “la ley tiene sólo un año de ser aprobada y lo que se quiere es que el gobierno la reglamente para que se le dé aplicabilidad, porque tiene todos los elementos para iniciar una campaña anti-vapeo pero esta decisión está en mano del ente rector que es el ministerio de salud de la mano con el ministerio de educación”. También señaló que la norma busca generar mayor conciencia entre familias, instituciones educativas y personal de salud sobre los efectos asociados al vapeo.

Por su parte, la senadora Lorena Ríos insistió en la importancia de limitar el acceso de menores a estos dispositivos y fortalecer la orientación a padres y cuidadores. La legisladora manifestó que “tener en cuenta la importancia de frenar el uso a los menores de edad, porque si lo hacemos nosotros como adultos es distinto a que lo compre un niño que no tiene conciencia del daño del uso de este dispositivo”.

Las congresistas también hicieron referencia a la necesidad de reforzar las campañas pedagógicas y revisar la publicidad relacionada con vapeadores, especialmente aquella que utiliza colores, aromas o elementos llamativos para captar la atención de jóvenes.

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Durante una sesión plenaria realizada en el Senado de la República, congresistas de diferentes sectores políticos participaron en un homenaje póstumo al exvicepresidente y exsenador Germán Vargas Lleras, fallecido recientemente en Bogotá. La corporación aprobó una moción de duelo y dispuso varias acciones simbólicas para recordar su trayectoria en la vida pública nacional.

En el acto protocolario, la mesa directiva del Senado anunció tres días de duelo institucional y ordenó que la bandera nacional permaneciera a media asta en el Capitolio. Durante la plenaria, varios parlamentarios resaltaron la participación de Vargas Lleras en el Congreso y su paso por distintos cargos del Estado, entre ellos la Vicepresidencia de la República y varios ministerios.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, intervino en la sesión y recordó la influencia política que tuvo el dirigente dentro del Legislativo. Asimismo, integrantes de Cambio Radical expresaron mensajes de condolencia y destacaron aspectos de su carrera pública y su liderazgo dentro de la colectividad.

Entre las intervenciones, el senador Carlos Fernando Motoa señaló: “En la plenaria del Senado rendimos homenaje a la vida y obra de Germán Vargas Lleras: referente, copartidario y amigo. Ejemplo tanto en el servicio público como en el ejercicio de la política. Un grande en toda regla“. Otros congresistas también recordaron su participación en debates legislativos y su papel dentro de la política colombiana durante las últimas décadas.

El homenaje se desarrolló en medio de distintas manifestaciones de pesar por parte de sectores políticos y funcionarios públicos, quienes reconocieron la trayectoria del exvicepresidente en escenarios legislativos y de gobierno. Vargas Lleras fue senador, ministro y vicepresidente, además de ocupar la presidencia del Congreso durante su carrera política.

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La velación de Germán Vargas Lleras se llevará a cabo durante la tarde de este sábado en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, ubicada en el centro de Bogotá. Allí, familiares y allegados del dirigente político realizarán las honras tras su fallecimiento ocurrido en la capital del país.

El exvicepresidente, quien también lideró el partido Cambio Radical, murió a los 64 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá. De acuerdo con la información conocida, en los últimos meses enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un tumor maligno en el cráneo.

A lo largo de su trayectoria pública, Vargas Lleras ocupó distintos cargos en la política nacional. Fue concejal, senador de la República y ministro en las carteras de Interior, Justicia y Vivienda, además de ejercer la Vicepresidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También participó como candidato presidencial en las elecciones de 2010 y 2018.

Tras conocerse la noticia, diferentes sectores políticos y empresariales expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su carrera pública. Entre quienes reaccionaron estuvieron dirigentes de oposición, candidatos presidenciales y representantes gremiales, quienes destacaron su participación en la vida política del país.

Las exequias del exvicepresidente fueron programadas para este domingo al mediodía en la Catedral Primada de Colombia, ubicada en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

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La Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, Femcol, manifestó su rechazo frente al asesinato de la concejal Mileidy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el norte del Valle del Cauca. La organización pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones y reforzar las garantías de seguridad para las mujeres que ejercen liderazgo político en el país.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 7 de mayo, cuando la cabildante fue atacada con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta. Según la información preliminar entregada por las autoridades, los responsables huyeron del lugar tras el ataque, mientras organismos de seguridad activaron un plan de búsqueda en la zona.

Femcol señaló que este caso refleja la preocupación existente por los riesgos que enfrentan las mujeres que participan en escenarios políticos y de representación pública. La organización insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad política, especialmente en los territorios.

Distintos sectores políticos y sociales también se pronunciaron tras el crimen y solicitaron celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los móviles del homicidio ni la identidad de los responsables.

El asesinato de Mileidy Villada generó reacciones en diferentes regiones del país y volvió a poner sobre la mesa el debate alrededor de la seguridad de los líderes y lideresas políticas en medio del actual contexto electoral.

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Una valla política del senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro fue encontrada quemada en el municipio de Chaparral. El caso se conoció durante la mañana del jueves 7 de mayo, cuando ciudadanos reportaron el daño total de la estructura publicitaria.

Según la información conocida, la valla estaba instalada en un lote cercano al cementerio municipal, sobre una de las principales vías de ingreso a la población. Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales durante el día.

Tras lo ocurrido, seguidores del congresista expresaron su rechazo frente al incidente y señalaron que este tipo de situaciones afectan las garantías democráticas en medio del actual ambiente preelectoral del país.

Los simpatizantes también hicieron un llamado a mantener el respeto entre las diferentes posiciones políticas y evitar actos de intolerancia que puedan alterar la convivencia en el debate público.

Por ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias en que ocurrió la quema de la valla ni sobre posibles responsables.

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La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y demás servidores públicos del país, incluido el Tolima, sobre las actuaciones que podrían considerarse participación indebida en política en medio del inicio del ambiente electoral hacia las elecciones presidenciales de 2026.

El anuncio fue presentado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, durante la nueva etapa de la estrategia denominada “Paz Electoral”, acompañada del mensaje “La línea que no se cruza”. Según explicó la entidad, la intención es prevenir el uso de recursos y estructuras del Estado para favorecer campañas o candidaturas.

Entre las conductas señaladas por el Ministerio Público están la promoción o financiación de campañas desde cargos oficiales, la presión a funcionarios o contratistas para respaldar aspirantes políticos y el uso de bienes públicos en actividades electorales. También se advirtió sobre posibles investigaciones por divulgar propaganda política aprovechando funciones institucionales o por utilizar información reservada con fines electorales.

La Procuraduría indicó que estas alertas toman relevancia en regiones como el Tolima, donde ya se observan movimientos y acercamientos políticos de cara a las próximas elecciones nacionales y regionales. Sin embargo, el organismo aclaró que los funcionarios sí pueden participar en debates públicos de interés general, ejercer su derecho al voto y pertenecer a partidos políticos, siempre que no utilicen su cargo para beneficiar campañas.

Durante la presentación de la estrategia, el procurador pidió a los procuradores regionales y provinciales fortalecer las acciones pedagógicas con los servidores públicos. “Entre más pedagogía hagamos y contribuyamos a que no se cruce la línea roja, mucho mejor”, señaló el jefe del Ministerio Público.

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El Ministerio de la Igualdad y Equidad atraviesa un momento decisivo luego de que las Comisiones Primeras de Senado y Cámara no lograran avanzar en la discusión del proyecto que busca garantizar la continuidad de la entidad. La sesión convocada de manera urgente terminó sin decisiones debido a la ausencia de quórum decisorio en el Senado.

Aunque en la Cámara de Representantes sí se alcanzó el número necesario de congresistas para deliberar, en el Senado la comisión permaneció únicamente en etapa deliberatoria. Esta situación impidió votar la ponencia positiva del proyecto, por lo que la jornada legislativa fue suspendida sin avances concretos.

El trámite tiene especial relevancia porque responde a la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional. En esa decisión, el alto tribunal declaró inexequible la ley que dio origen al ministerio al considerar que hubo fallas relacionadas con el análisis del impacto fiscal y la sostenibilidad financiera respaldada por el Ministerio de Hacienda.

Pese a ello, la Corte otorgó plazo hasta el 20 de julio de 2026 para corregir los errores y aprobar una nueva norma. Si el Congreso no completa el trámite antes de esa fecha, el ministerio tendría que entrar en proceso de liquidación.

La nueva iniciativa legislativa busca ajustar los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Presupuesto y dar estabilidad jurídica a la cartera, creada para desarrollar políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y campesinos. Con el levantamiento de la sesión, el tiempo para sacar adelante el proyecto sigue reduciéndose.

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