Las probabilidades de que el fenómeno de El Niño se presente nuevamente en Colombia durante el segundo semestre del año continúan aumentando, según los más recientes reportes climáticos conocidos por las autoridades ambientales y de gestión del riesgo. En el caso del Tolima, la situación mantiene en alerta a diferentes entidades debido a los posibles efectos asociados a altas temperaturas y reducción de lluvias.

De acuerdo con los análisis divulgados por organismos meteorológicos, la probabilidad de consolidación de este fenómeno supera el 80 % hacia la mitad del año y podría incrementarse en los meses posteriores. Las proyecciones indican que el comportamiento climático podría traer periodos secos en distintas regiones del país, incluida la zona andina.

Ante este panorama, autoridades regionales han reiterado la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en los municipios, especialmente en temas relacionados con el abastecimiento de agua, el monitoreo de incendios forestales y la protección de fuentes hídricas. También se mantiene el seguimiento sobre embalses, ríos y zonas vulnerables a condiciones extremas de calor.

En el Tolima, entidades ambientales y organismos de gestión del riesgo han insistido en la importancia de promover el uso responsable del agua y mantener activos los planes de contingencia locales. Además, se hace un llamado a las comunidades para atender las recomendaciones oficiales mientras avanza el monitoreo de las condiciones climáticas.

Aunque las proyecciones muestran un aumento importante en la probabilidad del fenómeno, las autoridades aclararon que los efectos pueden variar dependiendo de cada región del país y que el seguimiento técnico continuará durante los próximos meses para actualizar los pronósticos y definir eventuales medidas adicionales.

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El río Chipalo, uno de los afluentes más afectados por la contaminación en Ibagué, empieza a mostrar otra cara. Luego de años recibiendo vertimientos y residuos, la Corporación autonoma regional del Tolima entregó la primera fase de su proceso de recuperación, una intervención que busca devolverle su función ambiental y mejorar las condiciones de salud en los sectores que atraviesa.

La obra, financiada con recursos de la sobretasa ambiental, incluyó la construcción de un colector de más de 1.400 metros, además de 45 pozos en concreto y varios aliviaderos que permiten redirigir las aguas residuales. El proyecto se desarrolló en un tramo que va desde Calambeo hasta la calle 69, impactando zonas donde históricamente el río había sido usado como canal de desechos.

“El río Chipalo muestra descontaminación notable. Ahora depende de la comunidad evitar basura para mantenerlo limpio y reducir enfermedades respiratorias y gastrointestinales”, señaló Olga Lucía Alfonso Iannini, directora de Cortolima, al referirse a los resultados iniciales.

En los barrios cercanos, el cambio ya empieza a sentirse. Jhon Jairo Quiñones, líder comunal del sector, lo resume desde la experiencia: “En 45 años, nunca tan limpio. Beneficia barrios y transforma la calidad de vida”.

Más allá de la obra física, el proceso también incluyó la delimitación de la ronda hídrica y estudios técnicos para identificar riesgos, lo que permite proyectar intervenciones futuras con mayor precisión.

El río Chipalo no solo es clave para la ciudad por su recorrido pues atraviesa cerca de 100 barrios y varias comunas, sino también por su valor ambiental. En su cuenca habitan decenas de especies de flora y fauna, por lo que su recuperación tiene un impacto directo en la biodiversidad urbana.

Aun así, el reto no termina con la obra. El mantenimiento y el comportamiento ciudadano serán determinantes para que el avance no se pierda con el tiempo. Por ahora, lo que se entrega es una primera señal de recuperación en un punto que durante años fue sinónimo de contaminación.

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Las intensas lluvias registradas en varios municipios de Cundinamarca han generado afectaciones en vías, viviendas y zonas rurales, lo que ha obligado a las autoridades locales a activar medidas de atención y prevención. Los organismos de gestión del riesgo han reportado emergencias como deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en infraestructura, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad frente a las precipitaciones.

Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha acciones para atender a las comunidades afectadas, incluyendo la entrega de ayudas humanitarias y la evaluación de daños. Asimismo, se han intensificado los monitoreos en puntos críticos y se mantienen alertas preventivas para reducir riesgos adicionales. Los equipos de emergencia continúan trabajando en coordinación para mitigar el impacto de las lluvias y garantizar la seguridad de la población.

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El anuncio de la adquisición del proyecto conocido como La Colosa por parte de Mineros S.A., en una operación cercana a los 70 millones de dólares, generó alarma entre líderes locales y vecinos del municipio afectado. La noticia tomó por sorpresa a muchos, en especial por el antecedente de la consulta popular de 2017 en la que la mayoría de la población se pronunció en contra de actividades mineras en su territorio.

Desde el gobierno local, la compraventa encendió interrogantes sobre el estado actual de las autorizaciones. El alcalde local afirmó que el año pasado la autoridad minera central cambió el estatus del título, obligando al titular a retomar obligaciones de exploración: “Cerrando el año pasado la Agencia Nacional Minera tomó la decisión de no prorrogar la fuerza mayor a esta compañía y, en pocas palabras, le dijo que tenía que seguir con las obligaciones del título. En pocas palabras, el Gobierno nacional le dijo al propietario de ese título que debe volver a operar y cumplir con las responsabilidades de la exploración minera, aunque a nosotros no se nos hubiera notificado”.

Mineros S.A. ha presentado su proyecto como uno enmarcado en supuestos estándares de responsabilidad ambiental y con mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, el anuncio también reavivó el rechazo social que tradicionalmente ha rodeado a La Colosa, un yacimiento estimado en 23,35 millones de onzas de oro. Voces del movimiento ambiental y concejales locales interpretan la compra como una provocación que podría volver a movilizar a la comunidad.

La reacción política local no se hizo esperar. El concejal y líder ambiental expresó su preocupación por el impacto del negocio y reivindicó la vigencia del mandato ciudadano: “La noticia nos toma con asombro, con sorpresa, es sumamente preocupante. El mandato de la consulta popular de 2017 le dijo no al proyecto de La Colosa. La consulta popular sigue vigente y así cambien de dueño o de empresa, el proyecto no va a poder avanzar, porque Cajamarca le dijo sí a la vida y no a la minería”, afirmó el edil, quien además recordó la aprobación de un acuerdo municipal orientado a proteger predios clave.

Ese mismo concejal agregó que en 2026 el municipio dio un paso administrativo para blindar áreas frente a actividades extractivas: “En 2026 el municipio de Cajamarca, por iniciativa ciudadana, pasó el proyecto de acuerdo con más de 5.000 firmas para declarar estos predios como de utilidad pública. Cajamarca reafirma la protección de nuestros recursos ambientales e hídricos. Claramente no vamos a estar de acuerdo con ningún proyecto minero”.

Frente a la presencia previa del antiguo titular del proyecto, fuentes locales precisaron que la compañía vendedora mantenía la titularidad hasta ahora, pero que, tras la operación, la nueva propietaria deberá enfrentar un escenario social y jurídico complejo. En Cajamarca se espera que se activen mesas ciudadanas, pronunciamientos institucionales y, muy probablemente, nuevas movilizaciones que expresen el rechazo comunitario ante cualquier intento de reactivar la exploración.

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Las fuertes lluvias asociadas al segundo frente frío mantienen al departamento de Córdoba en emergencia. Las autoridades locales informan que, en la zona rural y en amplias franjas del valle, más de 35.000 hectáreas están bajo las aguas; además se reportan cerca de 1.500 reses desaparecidas en los municipios más golpeados.

Según un reporte preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los efectos del fenómeno han alcanzado 104 municipios del país, de los cuales 24 están en Córdoba; la entidad calcula que hay más de 40.000 familias damnificadas en el departamento. El gobernador Erasmo Zuleta, por su parte, habló de cifras que rondan las 43.000 familias afectadas y calificó la emergencia como “sin precedentes”.

En Montería la situación urbana preocupa: hay 17 albergues habilitados y un centro de acopio, mientras la Secretaría de Infraestructura trabaja levantando jarillones en tramos claves como la troncal entre Pitolandia y El Dorado para frenar el avance del humedal de Betancí. Las autoridades han suspendido clases presenciales en sectores afectados y han reportado corte de energía en zonas de la margen izquierda del río Sinú por desconexiones preventivas.

Los daños no se limitan a viviendas: la emergencia afecta servicios de salud, vías y la actividad productiva. El cierre total de la vía Montería–Arboletes por daños en el Puente Jalisco y la pérdida de cosechas y ganado golpean la economía local; la pérdida de miles de hectáreas agrícolas y la desaparición de reses complican la recuperación económica de una región con fuerte vocación agroindustrial.

En otros municipios la situación varía: Montelíbano pasó a fase de recuperación urbana, con más de 1.758 familias afectadas en el casco urbano y más de 1.300 en la zona rural que ya avanzan en censos y labores de reparación. En contraste, localidades como Lorica y Cereté están en alerta por el aumento de caudales en caños y ríos que podrían desbordarse si persisten las lluvias.

Las llamadas a la solidaridad son constantes. El gobernador Zuleta hizo un llamado público para mantener las donaciones —alimentos no perecederos, kits de aseo y colchones— y agradeció el respaldo de entidades públicas y privadas. “Donar o recibir una colchoneta ha sido de gran ayuda. No dejemos de donar”, señaló.

La UNGRD y los organismos de socorro anunciaron que el pico de la emergencia podría prolongarse esta semana y remarcaron la necesidad de reforzar la logística humanitaria y las mesas de coordinación entre entidad nacional, gobernación, alcaldías y ONG para garantizar atención, albergue y suministro básico a las familias afectadas.

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En la madrugada de este miércoles, a las 3:28 a. m., la tierra tembló con fuerza en el centro de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5.8 cuyo epicentro fue el municipio de Los Santos (Santander). La sacudida se sintió lejos: habitantes de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y, de manera notable, en Ibagué reportaron el movimiento e incluso hubo evacuaciones en algunos conjuntos residenciales. El SGC anotó que la profundidad fue de 150 km, factor que explica por qué el temblor se percibió a gran distancia. Hasta ahora las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas; las inspecciones continúan.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3.1 la madrugada del miércoles 29 de octubre, con epicentro a 21 km de Murillo y una profundidad de 5 km. El temblor, ocurrido a las 5:17 a.m., se sintió en varios municipios del norte del Tolima y en el oriente de Caldas, entre ellos Murillo, Líbano, Villahermosa y Manizales.

Este movimiento se registra apenas dos días después de otro sismo en Piedras (Tolima) de magnitud 3.2. Aunque ambos eventos fueron de baja intensidad y por ahora no reportan daños ni personas afectadas, la cercanía al Nevado del Ruiz mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo, dado que la zona combina actividad tectónica y volcánica. El SGC y los organismos locales siguen monitoreando la actividad y recomiendan mantener las medidas de prevención habituales.

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La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) reanudó la captación de agua del río Combeima tras el cierre temporal de la bocatoma. Aunque esa fuente principal estuvo fuera de operación, el suministro se sostuvo gracias al aporte de los ríos Cocora y la quebrada Cay, lo que permitió mantener la prestación del servicio mientras se normaliza el sistema.

Andrés Waltero, líder de Potabilización de Agua, explicó que desde las 2:00 a.m. se registraron fuertes lluvias en la parte alta de la cuenca, que provocaron material de arrastre en la quebrada El Guamal y derrumbes en La Seca, aumentando la turbiedad del río. Sin embargo, indicó que “a esta hora el sistema ya se encuentra en proceso de normalización”.

El balance en los distritos hidráulicos es positivo: se activaron los protocolos, se incrementaron los niveles en los tanques de almacenamiento y se garantizó la continuidad del servicio. No obstante, algunas zonas del centro de Ibagué aún no tienen agua y en otros sectores los usuarios podrían experimentar bajas presiones de manera temporal mientras termina la normalización.

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A las 4:25 a.m. hora local, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka, a apenas 19 km de profundidad y 136 km al este de Petropavlovsk-Kamchatsky. Fue el sismo más potente desde el tsunami de Japón en 2011 y el sexto más intenso jamás registrado, desatando más de 200 réplicas en las siguientes 24 horas.

Pocas horas después, el Klyuchevskoy —el volcán más alto y activo de Eurasia, con 4 754 metros— entró en erupción. La Academia de Ciencias Rusa reportó poderosas explosiones y una columna de ceniza que trepó hasta 3 km de altura. Los geólogos incluso identificaron la formación de un nuevo cono volcánico en su cumbre, testimonio de la violencia del enjambre sísmico.

El impacto no se limitó a la tierra firme. Tsunamis de 4 metros azotaron la costa de Kamchatka, mientras que Japón ordenó la evacuación de 900 000 personas, incluyendo trabajadores de Fukushima como medida de precaución. En Hawái se registraron olas de 3 metros, y Estados Unidos activó alertas en su costa desde Alaska hasta California.

La ceniza avanza hacia el este a 16 nudos, poniendo en riesgo el tráfico aéreo internacional y obligando a cancelar vuelos. La península de Kamchatka —con sus 300 volcanes (29 activos) — es conocida como la “tierra de fuego y hielo” y destaca entre las regiones más sísmicas del planeta.

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Un violento temblor de 8,8 en la escala de Richter sacudió la costa de Rusia, catapultándose automáticamente al duodécimo puesto entre los terremotos más potentes de los últimos siglos. Solo desde que en 2011 un sismo de 9,1 golpeó Japón no se había sentido un remezón de tal envergadura.

El movimiento tuvo epicentro frente a la península de Kamchatka, en el Océano Pacífico, y se dejó sentir a cientos de kilómetros. Inmediatamente, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre el riesgo de “olas peligrosas” en las próximas tres horas, señalando a las Islas Aleutianas, la costa oeste de Estados Unidos y Hawái como zonas de especial atención.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) extendió su alerta desde Alaska hasta California, mientras Japón reforzó sus protocolos de vigilancia costera. En cuanto a Colombia, aunque el país no sufre oleadas directas de tan lejos, la ONAMET mantiene un monitoreo del Pacífico recordando que los tsunamis pueden viajar miles de kilómetros en menos de un día.

Históricamente, solo quince terremotos han superado la magnitud de este sismo ruso. El más cercano en potencia, un 8,6 ocurrido en el Norte de Sumatra en 2012, desencadenó un devastador tsunami. Aunque las características geológicas de Kamchatka difieren de la dorsal sumergida asiática, los expertos insisten en extremar medidas, pues los sismos en fondos oceánicos proclives a la generación de olas gigantes exigen reacción inmediata de las comunidades costeras.

Hasta el momento no se han confirmado daños materiales graves en Rusia, debido a la baja densidad poblacional de la región afectada. No obstante, la alerta de tsunami se mantiene en pie, recordando que la verdadera dimensión del riesgo solo se sabrá una vez que el oleaje alcance las costas y se registren sus niveles. Las autoridades insisten en no acercarse a playas ni puertos hasta que los canales oficiales indiquen que el peligro ha cesado.

Este terremoto vuelve a poner en primer plano la fragilidad de las poblaciones costeras ante fenómenos naturales de gran magnitud y la importancia de mantener sistemas de alerta y educación comunitaria que permitan minimizar pérdidas humanas y materiales.

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