La Policía del Tolima desarrolló una jornada de recuperación y embellecimiento en una escuela rural del municipio de Líbano, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los espacios utilizados por estudiantes y docentes. La actividad hizo parte de las acciones comunitarias que la institución viene adelantando en distintas zonas del departamento.

Durante la intervención se realizaron labores de limpieza, adecuación y mantenimiento de diferentes áreas del plantel educativo. Los trabajos permitieron mejorar las condiciones físicas de la sede, generando un entorno más apropiado para el desarrollo de las actividades académicas.

La jornada contó con la participación de integrantes de la comunidad y de uniformados, quienes sumaron esfuerzos para ejecutar las tareas programadas. Estas acciones buscaron fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, además de promover el cuidado de los espacios destinados a la educación.

De acuerdo con la Policía, este tipo de iniciativas también contribuye a fomentar la convivencia y el sentido de pertenencia en las zonas rurales, al tiempo que brinda mejores condiciones para los niños y jóvenes que asisten a clases en estos sectores.

Las autoridades señalaron que continuarán impulsando actividades similares en diferentes municipios del Tolima, como parte de las estrategias de acercamiento con las comunidades y apoyo a entornos educativos.

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La Secretaría de Salud de Ibagué adelantó un operativo de inspección y vigilancia en un centro estético que funcionaba dentro de una vivienda en el barrio Onzaga. Como resultado de la visita, las autoridades ordenaron el cierre inmediato del establecimiento tras identificar varias presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Según la información entregada por la Administración Municipal, el lugar no contaba con los permisos requeridos para operar ni tenía registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Ibagué. Durante la revisión también fueron hallados productos de uso inyectable, pese a que la propietaria no tendría la formación profesional exigida para realizar este tipo de procedimientos.

En medio de la inspección, los funcionarios encontraron además un medicamento vencido y otros productos que, de acuerdo con las autoridades, no podían ser comercializados en el establecimiento. Estas situaciones motivaron la aplicación de la medida sanitaria de cierre mientras se verifican las condiciones legales y sanitarias del sitio.

La secretaria de Salud Municipal, Yennifer Guzmán, reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar que los centros estéticos cuenten con permisos, personal capacitado y condiciones adecuadas antes de acceder a cualquier procedimiento. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con conciencia y responsabilidad. Es fundamental que antes de realizarse cualquier procedimiento estético, verifiquen que el lugar cuente con los permisos, el personal idóneo y las condiciones mínimas de seguridad. La salud y la vida no pueden ponerse en riesgo por acudir a sitios que funcionan de manera ilegal”, manifestó la funcionaria.

La Alcaldía de Ibagué indicó que continuará desarrollando operativos de control e inspección en establecimientos relacionados con servicios de salud y estética, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ciudad.

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La comunidad de Planadas manifestó preocupación por dos situaciones de violencia registradas recientemente en el municipio, las cuales ocurrieron en un lapso inferior a tres días y generaron inquietud entre varios habitantes.

Uno de los casos se presentó durante la mañana del domingo 10 de mayo, cuando un hombre armado con un elemento cortopunzante atacó a un ciudadano conocido en el pueblo como “Cholo”. Según versiones conocidas por la comunidad, una persona que presenció el hecho auxilió al herido y lo trasladó en motocicleta hasta el hospital local, donde recibió atención médica.

A este episodio se suma otro ocurrido el viernes 8 de mayo. De acuerdo con relatos entregados por habitantes del municipio, un hombre identificado por la comunidad como “Chumi”, quien al parecer tendría una condición especial, habría lesionado en uno de sus brazos a otro reconocido ciudadano conocido como “Horus”.

Personas cercanas a las situaciones indicaron que el señalado ya habría protagonizado anteriormente comportamientos agresivos y alteraciones, situación que mantiene la preocupación entre algunos sectores del municipio. Los habitantes solicitaron a las autoridades municipales y organismos competentes realizar acciones de acompañamiento e intervención para evitar nuevos hechos de este tipo.

La ciudadanía también pidió fortalecer los controles y aumentar los patrullajes en diferentes zonas de Planadas, especialmente durante la temporada de cosecha, periodo en el que se incrementa la presencia de personas en la localidad.

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Una joven deportista fue víctima de hurto en cercanías del Parque Deportivo de Ibagué, donde delincuentes le robaron sus patines mientras se movilizaba por el sector. El hecho ocurrió en una zona frecuentada por personas que practican distintas disciplinas deportivas y recreativas.

De acuerdo con la información conocida, la joven se encontraba en las inmediaciones del complejo deportivo cuando fue abordada por los responsables del robo. Tras cometer el hurto, los implicados huyeron del lugar con los elementos deportivos.

La situación ha generado inquietud entre quienes entrenan regularmente en esta parte de la ciudad, debido a los reportes de inseguridad que se han presentado en los alrededores del Parque Deportivo. Algunos ciudadanos han manifestado preocupación por la falta de garantías para quienes realizan actividades físicas en la zona.

Las autoridades fueron informadas sobre lo ocurrido y se espera que avancen las labores correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, la comunidad hace un llamado a reforzar las medidas de seguridad en este sector de Ibagué.

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Después de casi 16 años, uno de los casos más mediáticos del país llega a su punto final. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno por la muerte de Luis Andrés Colmenares, cerrando definitivamente el proceso penal.

La decisión ratifica lo que ya había dicho el Tribunal Superior de Bogotá, y en la práctica pone fin a un expediente que durante años estuvo marcado por versiones cruzadas, teorías y una fuerte presión mediática. También quedó en firme la prescripción de los delitos en el caso de Jessy Quintero.

Más allá del resultado, el fallo es fuerte en su contenido. La Corte fue directa al señalar que desde el inicio la Fiscalía construyó el caso sin claridad. Según el análisis, nunca logró explicar de manera consistente qué ocurrió realmente esa noche, ni quiénes habrían sido los responsables, ni cómo se habrían dado los hechos.

Lo que sí da por probado el alto tribunal es que Colmenares murió por asfixia por inmersión en el caño El Virrey. Sin embargo, alrededor de las lesiones que presentaba hay un punto clave: la Corte habla de una “duda insalvable”. Es decir, no hay forma de establecer con certeza si esas heridas fueron producto de una caída, de la intervención de terceros o de una mezcla de ambas cosas.

El fallo también generó reacciones. El padre del estudiante, Luis Alonso Colmenares, cuestionó duramente el papel de la Fiscalía y aseguró que el problema no fue la inexistencia del crimen, sino la incapacidad de probar quiénes estuvieron detrás.

Al cierre del proceso, más allá de la decisión jurídica, el caso vuelve a dejar una sensación incómoda en el país. Para muchos, lo ocurrido termina alimentando la percepción de que la justicia no logró responder de fondo a lo que pasó, o en versiones mas criticas, que la justicia le falló a Colmenares y que, más que una verdad clara, lo que queda es un expediente lleno de dudas. En ese ambiente, no son pocos los que sienten que, después de tantos años, la justicia le quedó debiendo una respuesta a Colombia.

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Durante un operativo adelantado por las autoridades, se registró una persecución contra presuntos microtraficantes que se movilizaban en la ciudad. En medio del procedimiento, los implicados habrían arrojado más de un kilogramo de marihuana con el fin de evadir la acción policial.

El hecho se presentó mientras uniformados realizaban labores de control y seguimiento, lo que permitió detectar comportamientos sospechosos y dar inicio a la persecución. Tras la reacción de los individuos, la sustancia fue recuperada por las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.

Las autoridades reiteraron que estos operativos hacen parte de las estrategias para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en la región, e hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en este tipo de casos.

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Un tribunal en Los Ángeles emitió un fallo sin precedentes al responsabilizar a Meta y Google por los efectos que sus plataformas habrían tenido en la salud mental de una joven que empezó a usarlas desde la infancia. La decisión judicial ordena una compensación de 6 millones de dólares, tras concluir que las empresas actuaron con conductas reprochables en el diseño y funcionamiento de sus servicios.

El jurado determinó que las plataformas, entre ellas Instagram y YouTube, fueron construidas con características que fomentan el uso excesivo, lo que terminó impactando negativamente a la demandante, identificada como Kaley. Según el veredicto, Meta asumirá el 70 % de la indemnización, mientras que Google deberá responder por el 30 % restante.

Durante el juicio, que se extendió por cinco semanas, los abogados de la joven sostuvieron que estas aplicaciones operaban como “máquinas de adicción”, diseñadas para captar la atención de usuarios cada vez más jóvenes y mantenerlos conectados por largos periodos. En el proceso, se expusieron funciones como el desplazamiento infinito de contenido, señaladas como mecanismos que incentivan el consumo continuo.

La demandante relató que comenzó a usar plataformas digitales desde muy temprana edad —YouTube a los 6 años e Instagram a los 9— sin que existieran controles efectivos para limitar su acceso. También aseguró que el uso intensivo derivó en problemas como ansiedad, depresión y trastornos relacionados con la percepción de su imagen corporal.

Desde las compañías, las reacciones no se hicieron esperar. Meta defendió su postura señalando que la salud mental de los adolescentes responde a múltiples factores y no puede atribuirse a una sola aplicación. Por su parte, Google argumentó que YouTube no debe considerarse una red social en los mismos términos y anunció que también apelará la decisión.

En medio del proceso, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante el jurado y reiteró que la empresa mantiene políticas para restringir el acceso a menores de 13 años, aunque reconoció dificultades históricas para aplicar esos controles de forma efectiva.

El fallo se da en un contexto de creciente presión global sobre las plataformas digitales. Expertos consideran que decisiones como esta podrían abrir la puerta a cientos de demandas similares en Estados Unidos y acelerar regulaciones en otros países, donde ya se discuten restricciones al uso de redes sociales por parte de menores de edad.

Para analistas del sector, este caso marca un punto de quiebre en la relación entre las grandes tecnológicas y los usuarios, especialmente en lo relacionado con la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

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La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez, tras encontrarlo responsable de integrar un entramado de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’, que operaba mediante la manipulación de contratos públicos.

La Sala de Primera Instancia del alto tribunal determinó que el congresista incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. “Resuelve imponer a Ciro Alejandro Ramírez penas principales de 279 meses, e inhabilitarlo para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 280 meses”, señala la sentencia, que aún puede ser apelada.

De acuerdo con la investigación, Ramírez participó en el direccionamiento de licitaciones para favorecer a empresas específicas, las cuales posteriormente entregaban sobornos a cambio de los contratos. El fallo establece que el senador tuvo incidencia en al menos 13 procesos contractuales relacionados con obras en departamentos como Quindío y Tolima, cuyo valor conjunto rondaba los 90.000 millones de pesos.

Estos contratos fueron adjudicados a través de entidades como el Departamento de Prosperidad Social y la empresa pública Proyecta durante el gobierno de Iván Duque. Además de la pena privativa de la libertad, los magistrados impusieron una multa superior a los 19.000 salarios mínimos, equivalente a más de 22.000 millones de pesos.

El caso hace parte de una red más amplia que tuvo como figura central al fallecido senador Mario Castaño, quien admitió su participación en el esquema antes de morir en prisión. Según la Corte, aunque Castaño lideraba la estructura principal, Ramírez también dirigió su propia red dentro del entramado ilegal. En la sentencia se advierte que “Optó por no solo prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal sino que lideró la misma”.

La investigación también salpicó a otros actores, entre ellos el exdirector del DPS Pierre García, así como contratistas y exintegrantes de unidades legislativas vinculadas al caso.

Este escándalo se destapó en 2022, en medio de las elecciones legislativas, y derivó en múltiples capturas y procesos judiciales. La condena contra Ramírez tiene implicaciones políticas para el Centro Democrático, que pierde una de sus curules actuales en el Senado, aunque el dirigente no participó en las más recientes elecciones.

El fallo se conoce en un contexto político sensible, por lo que su impacto podría sentirse en el panorama electoral y en las dinámicas internas del partido, que hoy enfrenta uno de los golpes judiciales más fuertes de los últimos años.

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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades del país para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder de manera efectiva al certificado que acredita su condición, así como a los beneficios asociados a este documento. El organismo de control advirtió que persisten dificultades en el proceso de expedición y uso de este certificado, lo que puede limitar el ejercicio de derechos de esta población.

En ese sentido, la entidad instó a las instituciones responsables a adoptar medidas que faciliten los trámites, eliminen barreras administrativas y garanticen una atención adecuada. También señaló la importancia de que el certificado sea reconocido y utilizado correctamente en los distintos servicios y programas del Estado dirigidos a personas con discapacidad.

La Procuraduría reiteró que este documento es clave para acceder a políticas públicas, servicios de salud y otros apoyos, por lo que su disponibilidad y correcta implementación resultan fundamentales para garantizar condiciones de inclusión y atención integral.

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El caso de Zulma Guzmán sigue escalando en gravedad. En medio del proceso para lograr su extradición, las autoridades colombianas abrieron nuevas líneas de investigación tras detectar otros envíos de alimentos que habrían sido contaminados con talio y dirigidos a más posibles víctimas.

La alerta surge mientras el Ministerio de Justicia refuerza las gestiones diplomáticas para acelerar su regreso al país. El jefe de esa cartera, Jorge Iván Cuervo, pidió a la Cancillería elevar ante el Gobierno británico la prioridad del caso, argumentando la necesidad de evitar dilaciones que afecten el proceso judicial.

“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación avanza en el análisis de nuevas evidencias que apuntan a una posible ampliación del número de víctimas. Según revelaciones conocidas recientemente, se habrían identificado al menos tres envíos adicionales dirigidos a dos mujeres, entre ellas una familiar cercana de la investigada.

Los elementos recolectados indican que los alimentos habrían sido enviados a través de plataformas, repitiendo un patrón similar al que se investiga en el caso inicial. Este detalle ha llevado a los investigadores a evaluar si se trata de una conducta sistemática.

Además, en el expediente ya se habla de la posible participación de otra persona que habría colaborado en la planeación de los envíos, lo que abre una nueva arista dentro del proceso penal.

Desde el Ministerio de Justicia también se insiste en la necesidad de que Guzmán comparezca ante las autoridades colombianas. En la misma comunicación oficial, se advierte que su presencia en el país “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, dada la gravedad de los hechos que involucran la muerte de dos menores en Bogotá.

Entre tanto, voceros de la cartera han reiterado que se busca “evitando a toda costa que haya impunidad”, aunque reconocen que la decisión final sobre la extradición depende de las autoridades del Reino Unido.

Mientras avanza el proceso, el caso sigue generando preocupación por la posibilidad de que existan más víctimas y por el alcance que podría tener este tipo de hechos en el país.

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