El representante electo del Pacto Histórico cuestionó la falta de resultados en el sur del Tolima y pidió la renuncia de la directora de la autoridad ambiental.

El representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, lanzó fuertes críticas contra la gobernadora Adriana Magali Matiz y la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, a quienes responsabilizó por el avance de la minería ilegal en varios municipios del sur del departamento.

En entrevista con Caracol Radio, el dirigente aseguró que la situación se desbordó y que las entidades encargadas no han logrado responder de manera efectiva frente a la problemática. Según su lectura, hay una falta de liderazgo y de coordinación institucional para enfrentar este fenómeno.

“No solamente están actuando de manera tardía, sino también con la mayor torpeza del mundo. Hoy no están coordinando con el Gobierno nacional, y no hay una declaratoria de estado de emergencia social y ambiental, que podría ser un elemento que permita que converjan todas las fuerzas institucionales, comunitarias, académicas y empresariales”, manifestó García.

El congresista electo fue más allá y cuestionó directamente la gestión de la directora de la corporación ambiental, a quien señaló de no estar a la altura del reto. Incluso, pidió su salida del cargo al considerar que no ha logrado contener el problema.

“Se quedó corta, y si no es capaz, le pido que renuncie, porque si uno no es capaz de garantizar sus competencias, misionalidad y el liderazgo que requieren estos asuntos, lo más sano para los habitantes del Tolima y quienes están siendo afectados por la minería ilegal es que busquemos a una persona que ayude a construir sinergias y ejercicios de defensa territorial”, aseveró.

Las declaraciones se dan en medio de un contexto complejo en el sur del Tolima, donde la minería ilegal ha venido ganando terreno y, según autoridades, estaría bajo influencia de grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC.

Desde la Gobernación y Cortolima, por su parte, se ha insistido en la necesidad de una mayor articulación con el Gobierno nacional para enfrentar esta problemática de manera integral. No obstante, hasta ahora no se conocen decisiones concretas que permitan contener el fenómeno en la región.