La Resolución 52 de 2025 amplía el control estatal sobre gremios agropecuarios, pero Hubert Ariza advierte sobre el manejo de dinero público.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la Resolución 52 de 2025, que otorga mayores facultades de inspección, auditoría y sanción sobre asociaciones campesinas y gremios agropecuarios en Colombia. La medida, que permite solicitar documentación financiera, imponer multas diarias y hasta remover administradores, ha generado una fuerte oposición en el sector, ya que muchos líderes políticos y gremiales consideran que vulnera la independencia de estas organizaciones y pone en riesgo su autonomía.

Diversos actores han criticado esta acción, señalando que se trata de una extralimitación de funciones que podría usarse para imponer una agenda gubernamental y restringir la libre asociación. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, calificó la resolución como un intento de amedrentamiento, mientras la Sociedad de Agricultores de Colombia advirtió que se están invadiendo competencias que solo competen al Congreso.

En este contexto, el periodista Hubert Ariza, con una amplia trayectoria en el análisis de temas económicos y políticos, expresó su opinión de forma contundente:
«Toda entidad privada que maneje dineros públicos debe ser supervigilada. Es dinero del Estado que algunas entidades manejan como plata de bolsillo de directores ejecutivos y directoras administrativas. Mientras el país está en déficit esas organizaciones viven en superávit.»

Ariza expone que, si bien la supervisión de las entidades privadas es fundamental para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado, en un contexto donde los recursos del Estado son escasos, es crucial que se establezcan mecanismos de control riguroso para evitar que estos fondos sean mal utilizados o desviados para beneficio personal de altos ejecutivos.

Este debate se inserta en un contexto de tensiones comerciales y políticas en Colombia, donde la correcta interpretación de los instrumentos legales y el respeto a la autonomía gremial son fundamentales para el desarrollo económico y la estabilidad institucional.